Notas

Especial Monte Pelloni

¿Quiénes son los abogados que defienden a los represores?

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Vínculos con militares, defensas en diversas causas por delitos de lesa humanidad, hijos de represores, suspensiones de matrícula y un ex carapintada, son características que comparten algunos de los abogados que llevan adelante las defensas de los imputados en el juicio de Monte Pelloni

Este lunes comenzarán los alegatos por parte de las defensas de los cuatro imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el ex CCD Monte Pelloni. Los abogados intentarán desvincular a sus defendidos de su participación en los secuestros, torturas, desapariciones y muertes de los olavarrienses, entre septiembre y diciembre de 1977.

Gerardo Ibáñez y María Laura Olea llevan adelante la defensa del Capitán (R) Walter Grosse; María Isabel Labattaglia representa los intereses del Coronel (R) Ignacio Verdura y del Sargento (R) Omar Ferreyra; mientras que Claudio Castaño y Pedro Mercado revisten como defensores del Teniente (R) Horacio Leites. En el caso de los tres primeros la querella y fiscalía solicitó penas de reclusión perpetua en cárcel común, mientras que para el último 25 años de prisión.

Walter Grosse eligió como abogados a dos personas con experiencias en causas similares. El Dr. Gerardo Ibáñez tiene una amplia trayectoria como defensor de imputados en crímenes de lesa humanidad. Su padre, también llamado Gerardo Ibáñez y quién falleció en 2005 a los 78 años, fue un militar que llegó a ser nombrado Coronel. Sin embargo, en palabras de Ibáñez hijo, "nunca estuvo implicado en ninguna causa". En una entrevista que le fue realizada, el Dr. Ibáñez, afirmó su posición de defensor particular de represores sosteniendo que existen irregularidades en los juicios porque "en estos juicios contra los militares, y lo digo como abogado defensor, se están juzgando hechos que pertenecen a un pasado que no se puede sacar del contexto que vivíamos, en plena guerra contra el terrorismo y la subversión".

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El Dr. Gerardo Ibáñez (Grosse) cuenta con una amplia trayectoria como defensor de represores en juicios por delitos de lesa humanidad. Foto: Prensa Facso

Además, en 2008, envió una solicitada a amigos y compañeros de trabajo en donde afirmaba que la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final eran inconstitucionales

Ibáñez cuenta con una vasta experiencia en juicios por delitos de lesa humanidad. En 2010 fue defensor del Coronel Alejandro Duret en la causa por la desaparición de Carlos Labolita, un militante peronista desaparecido en Las Flores. También bregó por los intereses de Jorge Enrique Bautista, quien se desempeñaba como capitán de navío y fue el oficial que instruyó el sumario en los hechos conocidos como "La Masacre de Trelew". Por último realizó la defensa del teniente retirado Ricardo Claudio Gandolfo en el juicio sobre el V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca.

Su presencia como defensor de imputados de todas las áreas de las fuerzas armadas, tanto navales como terrestres, lo llevó en 2011 a asumir la defensa del Teniente (R) de Fragata Julio Alberto Poch por participar en "los vuelos de la muerte". Poch fue detenido en España durante un vuelo como piloto comercial en el año 2009. En primera instancia, fue procesado pero tras un eficaz trabajo de su defensor Ibáñez, quien viajó a Holanda para gestionar declaraciones, se logró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, la causa se reabrió y fue nuevamente procesado y detenido.

Ibáñez trabaja en conjunto con la Dra. María Laura Olea, hija de Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros donde funcionó el ex CCD "La Escuelita", en Neuquén. Su rol como defensora de su padre, quien fue condenado a 25 años de prisión, tuvo importantes repercusiones ya que en ese momento Olea era secretaria de la Cámara de Casación, por lo que se decidió iniciarle un sumario por incompatibilidad de cargos. En dicha causa participó junto a Gerardo Ibáñez en la defensa de su padre.

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La Dra. María Laura Olea (Grosse) se encargó de defender a su padre, Enrique Braulio Olea, represor condenado a 25 años de prisión por su rol en el ex CCD "La Escuelita" de Neuquén. Foto: Prensa Facso.

María Laura Olea también es una vocera reconocida del grupo autodenominado "Hijos y nietos de presos políticos", quienes en 2011 realizaron un escrache al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando presentaba un libro de su autoría sobre el proceso de juzgamiento de los represores de la dictadura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el discurso mencionado por la Dra. María Laura Olea, expresaba lo siguiente: "El Estado argentino se ha convertido en un tirano, y peor aún, disfrazado de democracia cual lobo con piel de cordero. Sepan quienes resultan autores y cómplices por acción u omisión de todas estas aberraciones, y particularmente los encargados de administrar justicia, el último recurso frente al autoritarismo, que se equivocan si creen que la impunidad los amparará siempre. Eso sí, quédense tranquilos que cuando deban sentarse en el banquillo de los acusados, lo harán frente a tribunales a los que exigiremos que respeten los principios constitucionales que ustedes han sabido muy bien vulnerar".

En 2012, la Dra. Olea era una persona muy vinculada a Eduardo Riggi, secretario en "El Camarón", la Cámara Federal Antisubversiva creada en 1971, y luego nombrado juez durante la dictadura. Riggi, también fue investigado en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra por haber sido contactado por el ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, para ofrecerle un soborno a cambio de que la causa cayera en su juzgado y él sobreseyera a José Pedraza.

La situación de la Dra. María Isabel Labattaglia difiere a la del resto de los abogados defensores ya que oficia como defensora oficial de Ignacio Verdura y Omar Ferreyra, mientras que en el caso de Walter Grosse y Horacio Leites sus abogados son particulares contratados. Labattaglia es azuleña y graduada de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Actualmente, y desde el año 2008, ejerce como abogada defensora en la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mar del Plata con sede en Azul a cargo del Dr. Varela. Además, ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la UNICEN como jefa de trabajos prácticos de la cátedra Introducción al Derecho, que se cursa en el primer año de la carrera. Dentro del ámbito académico es coordinadora del programa Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Derecho e integra el grupo de investigación "Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales (IEJS)" cuyo objetivo es generar conocimiento sobre la ciencia jurídica de manera compleja con múltiples abordajes lo que permitirá hacer una reflexión acerca del derecho.

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María Isabel Labattaglia (Verdura y Ferreyra) es defensora del Ministerio Público de la Defensa con sede en Azul. Foto: Prensa Facso.

Una acentuada notoriedad durante la realización del juicio por sus preguntas y cuestionamientos particulares y sus cruces con el presidente del Tribunal tuvo el abogado tandilense Claudio Castaño quien lleva adelante la defensa del Horacio Leites. Se recibió de abogado en la Universidad de El Salvador. Es amante del deporte hípico al igual que el Dr. Pedro Mercado y su defendido Leites. Justamente la defensa del acusado se basó en la actividad deportiva vinculada a la presencia en competencias de saltos hípicos en las que supuestamente Leites participó entre septiembre y diciembre de 1977, por lo que habría estado alejado de sus funciones principales dentro del RCTAN II de Olavarría.

En 2012, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Azul decidió suspenderle la matrícula por 20 días por una causa del 2008. En dicha causa consta que Castaño obró de mala manera para con el personal policial que intervino en la detención de su defendido. 

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El abogado Claudio Castaño (Leites) estuvo imputado en una causa por solicitar dinero a sus defendidos para entregarlo a fiscales y jueces y así mejorar su situación ante la justicia. Foto: Prensa Facso.

Entre 2012 y 2013 tuvo una causa en su contra en la que estuvo imputado por "defraudación por remuneración prestada", en la que fue acusado de pedir dinero a sus defendidos para luego entregarlo a fiscales y jueces en pos de acelerar y mejorar la situación procesal en la que se veían involucrados. 

Pedro Edgardo Mercado trabaja junto a Castaño y es codefensor de Leites. Es hijo del Coronel (R) Pedro Rafael Mercado, ex jefe del Comando de Remonta y Veterinaria, junto al represor Albano Harguindeguy, Ministro del Interior durante la última dictadura cívico-militar. Mercado padre está acusado de ser uno de los principales responsables del secuestro y desaparición de la militante social Lucía Cullen, el 22 de junio de 1976. Su padre falleció en 2001 y era un destacado jinete, incluso llegó a representar al país en competencias olímpicas.

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Pedro Mercado (Leites) integró el ejército de carapintadas y estuvo detenido hasta el 2003. En prisión se recibió de abogado. Foto: Prensa Facso.

El abogado Pedro Mercado también siguió la carrera militar. En 1990 fue detenido por participar del levantamiento carapintada cuyo líder fue Mohamed Alí Seineldín. Durante su detención se recibió de abogado

Fue acusado de ser quien abrió fuego y ejecutó, en dicho alzamiento, al soldado Javier Gómez. Este hecho no pudo ser probado por la Cámara Federal y lo absolvió, aunque por haber protagonizado la rebelión estuvo en prisión hasta 2003, cuando antes de abandonar el gobierno, Eduardo Duhalde indultó al líder del MTP Enrique Gorriarán Merlo, quien protagonizó el levantamiento en La Tablada, a Seineldín y todos sus partidarios. Su cuñado, Juan José Álvarez era, en ese momento, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y fue el encargado de firmar el indulto que benefició a los carapintadas.

Actualmente tiene su estudio jurídico en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Esta información sobre las trayectorias personales e ideológicas de algunos de los abogados defensores marcan una continuidad con sus prácticas laborales y a su vez se condicen con las trayectorias de los imputados./ AC-FACSO