Carpa contra la represión

Las comisiones de Derechos Humanos de Diputados y Senadores están alarmadas por el rol de la Policía en Olavarría

Diputados y Senadores en la carpa/senado-ba.gov.ar

Los últimos casos de abusos policiales en la ciudad destaparon una larga lista de antecedentes en violencia institucional. La preocupante situación trajo de urgencia a senadores y diputados bonaerenses quienes, junto a grupos políticos locales, debatieron el tema con los vecinos

La denuncia contra policías de la Comisaría Primera por golpear y quemar con agua hirviendo a  Diego Gonzalez es un caso testigo más que sirve para desentramar un sistema de prácticas aberrantes en las fuerzas de seguridad. Esta denuncia pone en tela de juicio el accionar de la Policía y las detenciones injustificadas -sin testigos ni pruebas- de adolecentes que terminan optando por recluirse en sus casas por miedo. Un sistema penitenciario que imprime terror y abandona a los detenidos enfermos sin brindarles atención médica, un Poder Judicial que no responde -el caso de Esteban Navarro ya es un emblema- y un poder político local sordo y ciego. Así es el panorama que detallaron ayer vecinos de Olavarría quienes, sumidos en una enorme preocupación, expusieron sus casos para pedir ayuda. El planteo se hizo ante las comisiones de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Senadores y de la de Diputados de la Provincia, en una carpa armada especialmente en pleno centro, en el Paseo Jesús Mendía.

"Llegamos hasta esta ciudad preocupados por la cantidad de casos de abuso por parte de la Policía y nos ocupamos, acercando el trabajo de comisiones y escuchando todos los testimonios", explicó el senador Santiago Carreras.

En la mañana lluviosa se escucharon las voces de vecinos que sufrieron  los atropellos de las fuerzas locales. El primero en contar su experiencia fue Miguel Sabatini, padre de un joven de 15 años detenido violentamente por andar en skate y no portar el D.N.I, según su relato. Gerardo Moretti, otro de los que dieron su testimonio, también contó haber sido detenido y golpeado. Estuvo una noche esposado a un casillero donde lo patearon cada vez que pasó un oficial. Permaneció preso una semana en la cárcel de General Alvear y cuando volvió a la ciudad fue amenazado de muerte por los mismos policías, según su relato.

El recuerdo del caso de Esteban Navarro en la voz de su madre Graciela Alderete hizo crecer la indignación dentro de la carpa. En este caso las quejas se concentraron en el Poder Judicial que hace más de ocho años que no determina quién fue el asesino. Graciela recordó que su hijo fue llevado por un móvil  al Comando de Patrulla para participar de una despedida de soltero. A los dos meses Esteban desapareció y sus restos fueron encontrados seis meses después en un descampado. La Justicia le entregó más tarde los restos de su hijo: unos pocos huesos dentro de una caja de zapatos. “Yo ya no se a quién pedir Justicia” planteó Graciela con desesperación. Con la voz quebrada pidió que la causa no prosiga en Olavarría porque considera que "hay gente involucrada que no quiere que se sepa la verdad".

Otra madre, quien prefirió no dar a conocer su nombre, contó que su hijo es amenazado por la Policía hace mas de un año. El joven se cansó de que lo pararan en la calle para pedirle documentos y le preguntó a la policía por qué lo hacían. Recibió una golpiza como respuesta. “Mi hijo tiene 16 años y no quiere salir de la casa por miedo”, advirtió la madre. La mujer añadió que su hijo no es el único que padece situaciones como ésa y fue la primera en la carpa en preguntar por la voluntad del intendente José Eseverri  para resolver la situación de temor que imponen las fuerzas de seguridad.

El padre de Leandro Pianciola, el joven asesinado hace poco mas de un mes cuando salía de un partido de fútbol, también estaba indignado con el intendente. “Que le costaba, a mi intendente, al que yo voté llamarme para decirme estamos con ustedes”, cuestionó. El hombre recordó  el fatídico domingo en que tuvo que ir al hospital donde yacía muerto su hijo, él mismo tuvo que contener a la gente que se agolpaba en el nosocomio  pidiendo explicaciones. También contó que los agentes policiales le pidieron que buscara él mismo a los testigos que presenciaron el asesinato de su hijo. El papá de Leandro Pianciola remarcó que aquel día había un solo policía en la salida de la cancha cuidando la seguridad de más de mil personas. Y reconoció que ser oficial de policía retirado le permitió agilizar las averiguaciones para detener al asesino de su hijo pero se preguntó qué pasa con la gente que no conoce de leyes o procedimientos.

Pianciola agregó luego otra anécdota indignante sobre el accionar policial. A una semana de que su hijo fuera asesinado unos amigos estaban pintando unos grafittis para recordar a Leandro y fueron aprehendidos por oficiales que los tiraron al piso y los insultaron.

Habló también la hermana de Rodrigo Toledo, un detenido de la Unidad 38 a quien estando enfermo se le negó la atención médica necesaria y fue trasladado en condiciones de salud precarias a la Unidad 22 de La Plata, según el relato de la hermana. A los familiares, contó, les dijeron que Toledo se estaba recuperando pero tras un llamado les informaron que había fallecido y que debían retirar el cuerpo.

Agrupaciones políticas y de Derechos Humanos dieron información sobre las denuncias que habían recibido y brindaron su apoyo a las víctimas. La Asamblea por los Derechos Humanos entregó a los senadores y diputados un documento con información sobre casos de abusos. El representante de la Comisión por la Memoria, Carmelo Vinci, remarcó que reciben más de dos denuncias por semana por violencia policial y penitenciaria y pidió que se pierda el miedo a denunciar.

La jornada finalizó con la lectura de un informe hecho por las comisiones de senadores y diputados. El documento fue leído por la diputada Fernanda Raverta quién recordó que hace 32 años fue secuestrada y desparecida por la dictadura su madre María Inés Raverta.