Opinión.

Loma Negra y los cómplices civiles de la dictadura

En la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia, María Rosa Gómez opina sobre la relación entre el Terrorismo de Estado y los grupos económicos. La autora es periodista, y docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires. Además coordina el Área de Investigación del Instituto Espacio para la Memoria.

El ejemplar veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en el juicio contra los responsables del secuestro y asesinato en 1977 del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, significó un enorme avance en la lucha por esclarecer y castigar a los responsables militares y civiles de los crímenes del Terrorismo de Estado.

En la memorable jornada del 16 de marzo, quienes siguieron las audiencias en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y los centenares de personas que aguardaban el veredicto en la calle, escucharon con emoción la condena dictada por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portella: prisión perpetua para los ex oficiales del Ejército Julio Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda; 15 y 11 años de prisión respectivamente para los civiles Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, partícipes necesarios de los hechos. El Tribunal, además, ordenó abrir una investigación para determinar la responsabilidad de la empresa Loma Negra en los hechos que concluyeron con el asesinato de Moreno, integrante del equipo de abogados de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA).

De esta manera, desde la órbita de la justicia se desarma una vez más el discurso impulsado por la dictadura militar respecto de que el golpe de Estado tuvo origen en la necesidad de neutralizar el accionar de la guerrilla. En diversas expresiones públicas, las FF.AA reconocieron que ya en 1975 las organizaciones armadas habían sido desarticuladas. Sin embargo, el latiguillo de la existencia de "dos violencias" de signo contrario que se habían enfrentado ante una sociedad atónita, quedó instalado durante mucho tiempo. Prueba de ello es el arranque del prólogo del libro Nunca Más, que compiló el resultado de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) una vez recuperada la democracia: "Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países". Ni siquiera ese trabajo, que hasta la actualidad continúa siendo la columna vertebral de toda investigación en el terreno de los derechos humanos, quedó al margen del discurso creado por los perpetradores del genocidio y sus cómplices.

Esa teoría "de los dos demonios" constituye una obra maestra de la propaganda política entendida como manipulación conceptual y contribuyó a ocultar durante décadas el rol que jugaron los grupos económicos, la cúpula ultraconservadora de la Iglesia Católica y un importante sector de la clase política argentina en la urdimbre de lo que fue la etapa más oscura y trágica de la historia del país.

Pocas voces señalaron que las primeras acciones de la Junta Militar conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, consistieron en dar vía libre al despido masivo de trabajadores, suspender el derecho de huelga, intervenir los sindicatos y dejar sin efecto derechos constitucionales y laborales. No en vano el elegido para estar al frente del Ministerio de Economía sería José Alfredo Martínez de Hoz, miembro del directorio de Pan American Airways y de la multinacional ITT (de activa participación en el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile) quien anteriormente había asesorado al Chase Manhattan Bank y las empresas Acindar (subsidiaria de la US Steel), Bracht, Soldati, Braun Boveri y Roberts.

Era evidente que el real objetivo de la dictadura y sus mentores ideológicos fue el disciplinamiento de la clase trabajadora y la instalación de una política económica que privilegió la especulación financiera en desmedro de la producción. Para ello se necesitaba desarticular toda forma organizativa capaz de hacer frente a esos planes. Ya en la jornada del 24 de marzo del 76 se produjeron centenares de secuestros de delegados sindicales e integrantes de comisiones internas.

Abogados laboralistas como Mario Gubitosi y Carlos Alberto Moreno, de gremios combativos como AOMA, eran un estorbo para los planes de los grupos de poder. El espionaje y la represión ejercida contra gremios, delegados y abogados laboralistas en la región del Centro de la Provincia de Buenos Aires, demostraron ser resultado del accionar conjunto de las FF. AA y los grupos económicos, hecho que se repitió a lo largo y ancho del país, donde empresas como Mercedez Benz, Ford Motors, Acindar, Dálmine Siderca e Ingenio Ledesma, entre otras, fueron abiertamente cómplices del plan represivo.

En las audiencias por juicios de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país se supo, gracias a los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, que las empresas armaban listas con los nombres de trabajadores que les "molestaban". También se informó de secuestros realizados con el aporte de los vehículos del Ingenio Ledesma y de un centro clandestino que funcionó en la fábrica Acindar.

Durante el juicio por el "Caso Moreno" los trabajadores de las cementeras relataron cómo era su trabajo en las décadas de los 60 y 70, cuando taladraban el granito sin vestimenta ni condiciones de seguridad mínima. También explicaron qué era la silicosis, esa enfermedad profesional denunciada por los abogados Carlos Alberto Moreno y Mario Gubitosi como causante del deterioro físico de quienes se exponían a la inhalación de sílice, cuyas partículas se acumulaban en los pulmones. La nueva etapa que se abre a partir del histórico 16 de marzo, será el comienzo del fin de la impunidad para empresas como Loma Negra y Losa, que una vez instalado el golpe de Estado se abocaron a "marcar" como "alborotadores" y "subversivos" a todos aquellos que denunciaban las pésimas condiciones de higiene y seguridad en que debían trabajar sus empleados.

Amalia Lacroze de Fortabat, propietaria de Loma Negra por esos años, falleció 27 días antes de conocerse el veredicto. Sin embargo hay otros cómplices civiles de la dictadura que serán alcanzados por el accionar de la justicia, lejos ya de aquellos días en que operaron como un "poder en las sombras" en la etapa más oscura que vivió la Argentina. /AC-FACSO