Especial 10 años sin Julio López

“Una mayor presión política sobre el caso hubiera sido de ayuda”

El periodista Werner Pertot recorre las principales hipótesis y las irregularidades en la investigación acerca de la desaparición de Jorge Julio López. Cómo era el contexto sociopolítico durante 2006 y el trascurso de un tiempo sin respuestas.

Por Francisco Delfino

Jorge Julio López fue secuestrado y desaparecido el 18 de septiembre de 2006, un día antes que se conociera la sentencia al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Pieza clave para la reconstrucción de la memoria y de los crímenes cometidos en el “Circuito Camps”, en su testimonio reveló cómo los represores ejecutaron a Patricia dell 'Orto y a su esposo, Ambrosio de Marco, dos víctimas con las que compartió celda en el Centro Clandestino de Detención “El Pozo de Arana”. En la instancia judicial, López identificó a Etchecolatz, jefe de la Policía Bonaerense, como parte del grupo de tareas que lo secuestró en su casa el 27 de octubre de 1976.

A diez años de su desaparición en democracia, en la causa no hay ningún imputado. Pero sí existen, entre las miles de fojas del expediente, ciertas líneas de peso que podrían marcar el camino hacia los responsables. A pesar de ello, esas líneas nunca se profundizaron. Dos de ellas giran en torno a Etchecolatz: por un lado, su entorno familiar y privado; por otro, los policías que formaron parte del “Circuito Camps” y que López mencionó en su testimonio. Pero también hay una tercera línea, menos conocida, que involucra a miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde también había interesados en que los juicios por crímenes de lesa humanidad no avanzaran.

En ese septiembre de 2006 la sucesión de Néstor Kirchner no estaba definida. El panorama político parecía incierto. Las multitudinarias marchas en reclamo de seguridad llenaban plazas; un grupo de periodistas y algunos diputados empezaban a denunciar a la corrupción montada desde el Poder Ejecutivo; y López desaparecía en un confuso hecho que tuvo en su investigación decenas de idas y vueltas. Se demostró que la puerta de su domicilio no había sido forzada; la familia se demoró en realizar la denuncia; y el por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, anunciaba una recompensa de 200 mil pesos para quien brindase datos sobre el paradero de López.

Los fiscales y jueces que abandonaban y se sucedían en la investigación no pudieron responder por qué no habían protegido un testigo clave. Como si estuviera prohibido, durante mucho tiempo  desde el poder político jamás se mencionó el nombre de Jorge Julio López. Los años posteriores a aquel 2006 estuvieron cargados de irregularidades en la investigación. La pista pasó del extravío por “shock emocional” a la presunta desaparición forzosa. Werner Pertor, periodista y coautor de “Los días sin López” (2013), hace un recorrido por las principales hipótesis y sospechosos de un caso que parece ser un tema tabú. Mientras, su familia y la sociedad argentina esperan conocer la verdad.

¿Cuáles fueron las primeras hipótesis que se tejieron alrededor de la segunda desaparición de Jorge Julio López?

La hipótesis del secuestro existió desde el primer momento. Entre los referentes de organismos de derechos humanos y compañeros de militancia de López hubo quienes ya en las primeras horas de su ausencia y ante los primeros indicios concluyeron en que “lo habían chupado”. Nilda Eloy y Adriana Calvo, por ejemplo. Otros, en el mismo ámbito, en un principio no pudieron tolerar que fuera verdad. No aceptaban que volviera a ser posible una desaparición. Con el paso de los días, la ausencia fue más fuerte que el poder de negación. A la vez, en los medios comenzaron a circular algunas hipótesis infundadas y difundidas principalmente desde la Policía Bonaerense: que López tenía el mal de Parkinson; que tenía el hábito de irse de su casa; que se había ido varias veces con unos linyeras; que podría haber sufrido un shock emocional… Todo en función de abonar la hipótesis de un extravío en lugar de una desaparición forzada. Con el paso del tiempo, esas versiones cayeron por su propio peso.

¿Cuáles son las principales características que presentó la investigación judicial durante estos años? ¿Cómo fue el accionar de los funcionarios?

Hubo distintas etapas. Durante los primeros tres meses, la causa estuvo en manos de la justicia provincial y directamente no se apuntó a investigar a los represores o al entorno de Etchecolatz, pese a que López había desaparecido en el marco del juicio. Cuando por la insistencia de las querellas se logró que pasara al fuero federal y se considerara un caso de desaparición forzada, el foco cambió. Pero de todos modos la Policía Bonaerense estuvo a cargo de las medidas investigativas durante el primer año y medio de la causa. Algo que en gran medida explica que no haya habido resultados: la misma fuerza sospechada de estar vinculada (por efectivos activos y/o retirados) a la desaparición de López fue la que llevó adelante la investigación…

Siempre comparamos este aspecto con la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra: ante la posibilidad de implicancias de la Policía Federal, esa fuerza fue apartada del caso desde el inicio. Si no hubiera sido así, ¿se hubiera logrado Justicia?

¿Cuál fue la respuesta política del gobierno de Néstor Kirchner ante la desaparición de López?

Durante los primeros días no hubo una reacción que afrontara la posibilidad de un secuestro. Pero en torno a la primera semana desde la desaparición del testigo, el gobernador Solá dijo en conferencia de prensa que López era “el primer desaparecido que desaparece en democracia”. Según nos dijo en una entrevista, a Kirchner no le cayó bien que usara el concepto de “desaparecido”, prefería que hablara de “secuestrado”.

De todos modos, en diciembre de aquel 2006, cuando se cumplían tres meses de ausencia de López y ante un presunto nuevo secuestro de un militante, Kirchner usó la cadena nacional (era la segunda vez que lo hacía, no era algo habitual) para referirse al tema: dijo que López había sido secuestrado y que continuaría la política de juzgamiento a los represores que se había retomado con el juicio a Etchecolatz. Ese compromiso se cumplió y se mantuvo firme la decisión política de continuar con los juicios. Pero en cuanto a López, el Gobierno pareció dar un paso al costado y dejar todo en manos de la Justicia. Por supuesto era judicialmente donde se debía resolver la causa pero considero que una mayor presión política sobre el caso hubiera sido de ayuda.

¿En qué residieron las sospechas fundadas en torno a la Bonaerense y los penitenciarios?

Algunas de las prácticas que vimos por parte de la Bonaerense a lo largo de la investigación del libro no son exclusivas del caso López, sino que se dan en otras investigaciones complejas que esa fuerza no sabe, no quiere o no puede resolver (o una combinación de todas ellas). Cuestiones como que la Justicia le ordenara realizar una pericia con el material contenido en un CD y que meses después la respuesta fuera que no habían podido abrirlo, por ejemplo. También hay prácticas más complejas que se pueden ver en otros casos y tienen que ver con la aparición en la causa de un abogado costoso y con lazos con la Policía Bonaerense, que se acerca sorpresivamente a representar a la familia de la víctima. Se puede ver en una causa como la investigación por el crimen de la nena Candela Rodríguez, donde Fernando Burlando apareció para representar a su mamá. En el caso López, lo mismo ocurrió con el estudio de abogados que se hizo cargo de representar a la familia. Esos letrados impulsaron la denuncia a los organismos de derechos humanos, con el argumento de que no lo habían cuidado. Esa denuncia devino en la paralización de la causa en el único momento, en todos estos años, en que había registrado un mínimo avance.

En cuando a los penitenciarios, quedó en evidencia su accionar cuando en las requisas de las celdas de los represores presos en Marcos Paz se hallaron pruebas de los beneficios de que gozaban, como acceso a internet y a tarjetas de teléfono celular. Pero además, cuando la Justicia ordenó intervenir los teléfonos de esos represores, desde el Servicio Penitenciario se entregaron números correspondientes a otro pabellón, impidiendo escuchar a los sospechosos. También hubo evidencias que habían fraguado libros de visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Todas acciones tendientes a protegerlos y que contribuyeron a entorpecer la investigación. Por todo esto, los penitenciarios también terminaron siendo investigados y procesados.

¿Por qué razones el caso sigue impune?

Seguramente no hay una única respuesta, pero tiene que ver con todo lo que decía antes. Por cómo se condujo la investigación, por el tiempo que se perdió al principio (el más vital para toda investigación), por una combinación de impericias y complicidades, por falta de presión política, por cuestiones que hacen al (mal) funcionamiento de las fuerzas de seguridad y la Justicia en los casos complejos, no sólo relacionados con delitos de lesa humanidad… / AC-FACSO