Especial Monte Pelloni
Comenzaron los alegatos de las defensas
La Dra. Labattaglia, defensora pública de Verdura y Ferreyra, basó su exposición en una forma técnico-jurídica. Intentó deslindar responsabilidades basándose en la cadena de mando y en las ausencias de sus defendidos en el lugar de los homicidios.
Durante la jornada se llevaron a cabo los alegatos de la defensa. El comienzo estuvo a cargo de la Dra. Isabel Labattaglia, defensora oficial de Ignacio Verdura y Omar Ferreyra, quien estructuró el alegato en varias partes. En primer lugar, comenzó con las consideraciones previas en cuanto al debido proceso penal, las cuestiones probatorias comunes a sus defendidos, la autoría y la responsabilidad en los casos de sus defendidos y un cierre relativo a cuestiones dogmáticas respecto al principio de culpabilidad. Por último, respondió aspectos vinculados de la solicitud tanto de la Querella como de la Fiscalía en cuanto a la revocación del arresto domiciliario que posee Verdura.
La exposición de la Dra. Labattaglia fue de carácter técnico en cuanto a la legalidad del proceso llevado a cabo. El alegato se centró en dar respuesta a la acusación propuesta tanto por la Fiscalía como por la Querella. En términos generales, argumentó que los elementos colectados resultan insuficientes para culpar a los imputados. Además, hizo referencia a la cuestión de la imprescriptibilidad y retroactividad de la causa, planteando una exigencia de racionalidad judicial, y haciendo hincapié en que los hechos juzgados se remontan hace 37 años.
Ignacio Verdura deberá responder por los delitos de homicidio agravado por alevosía de dos o más personas (Jorge Fernández y Alfredo Maccarini), privación ilegítima de la libertad de 21 hechos, agravados por tratarse de un funcionario público cometidos con violencia y bajo amenazas, aplicación de tormentos por 21 hechos. Todo ello en carácter de autor. Foto: Prensa FACSO
Luego, la exposición de la Dra. se referenció en los testimonios del suboficial Hugo Francisco Ivaldo y del Cabo de la Policía Miguel Ángel Fuhr, quien fuera en su momento incorporado por lectura. Por parte de Ivaldo, Labattaglia indicó que el testigo prestaba servicios en el Regimiento durante la última dictadura, que conocía Monte Pelloni y que también había confesado su participación en los hechos. La abogada concluyó en que dichos testigos nunca tuvieron que haber prestado declaración testimonial de la forma en que lo hicieron.
En cuanto a la responsabilidad de Verdura en los hechos que se le imputan, la Dra. destacó que en aquella época el imputado se desempeñaba como jefe de sub-área 124 y no del área 12. Indicó, también, que no se ha demostrado fehacientemente que su defendido tuviera dominio real del aparato subordinado y que su cargo implicaba obediencia jerárquica a su superior. En este caso, el General Oscar Alfredo Saint-Jean que se encontraba en Tandil.
En el caso de Ferreyra, Labattaglia sostuvo que los elementos que lo acusan “son endebles y carecen de herramientas probatorias”, de lo contrario, se debiera haber señalado “modo, tiempo y lugar” de la concreción del delito. A su vez, expuso que el apodo “Pájaro” (reconocido por varios testigos) era muy común y no demostraba nada, destacando que habría sido visto “de refilón” en Monte Pelloni pero sin tener demasiadas precisiones. Labattaglia alegó insuficiencia probatoria y criticó a la Fiscalía quien “debería haber demostrado objetivamente los sucesos”. Insistió, también, en el hecho de probar la culpabilidad de Ferreyra, quién era uno de los últimos en la cadena de mando.
Ferreyra deberá responder por los delitos de privación ilegitima de la libertad por 20 hechos, agravados por ser funcionario público, con violencia y bajo amenazas, aplicación de tormentos por 15 hechos, homicidios calificados agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas (Jorge Fernández y Alfredo Maccarini). Todos los hechos descriptos concursan materialmente y se le reprochan el carácter de coautor. Foto: Prensa FACSO
Finalmente se refirió al pedido de revocación del arresto domiciliario de Verdura, quien fuera solicitado anteriormente por la Querella y la Fiscalía, requiriendo que se mantenga la prisión domiciliaria, amparándose en “razones humanitarias” y en el derecho a la salud (teniendo en cuenta los 83 años del ex Coronel), el derecho internacional humanitario y en la Constitución Nacional. Además solicitó que a su defendido se le mantengan los haberes percibidos. Por último, pidió la absolución de sus defendidos./AC-FACSO