Especial Monte Pelloni

La Fiscalía reforzó el alegato de la querella y exigió perpetua para tres de los acusados

Luego de los alegatos de la querella de la pasada audiencia, la fiscalía a cargo de Walter Romero se sumó al pedido de perpetua para tres de los cuatro acusados y la pena máxima de 25 años para Horacio Leites.

La audiencia se inició alrededor de las 10 de la mañana y contó con la presencia de todas las partes excepto Omar Ferreyra, quién todavía se encuentra eximido de estar presente por razones de salud. Romero indicó que luego de cuatro meses la fiscalía está en condiciones de alegar acerca del mérito y la responsabilidad penal de los imputados. Para una mejor comprensión procedió a una introducción y explicación del contexto socio-histórico para luego desarrollar los hechos y materialidad, seguido de un análisis de calificación jurídica y la responsabilidad de los imputados con un expreso pedido de pena. Indicó que la necesidad de contextualizar los hechos se debía a “evitar cuestionamientos por parte de la defensa acerca de la validez de los testimonios prestados”.

Romero afirmó que el 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas produjeron un golpe de estado y luego de disolver el congreso dictaron sus propios estatutos para gobernar y asumir la suma del poder público. El fiscal señaló que este golpe, a diferencia de los otros realizados con anterioridad, se caracterizó por tener “una tremenda saña, fue uno de los golpes más brutales por su grado de violencia social”. De allí que puede ser categorizado como Terrorismo de Estado. Al respecto, profundizó que lo que lo volvió a un Estado terrorista fue el hecho de tener un plan sistemático de acción que respondía a una lógica específica. En este sentido,  fue necesaria la creación de un “enemigo” para el ejercicio del poder y sembrar el terror en la población. La creación de dicho enemigo es posible y definida por quien detenta el poder. Detalló que la metodología consistía en conceder al represor un control social total para poder no sólo asumir la responsabilidad de definir quién es el enemigo sino también qué hacer con él. Esto posibilitó la aparición del concepto de “desaparecido”. Romero, también distinguió el funcionamiento de dos sistemas: uno formal, con leyes, normas y reglas; y otro informal, ilegal. Reconoció que ninguno de los dos era legal y que el método más destacado era el plan del ejército contribuyendo al plan de seguridad nacional que hacía escuela en métodos de luchas importados de la Organización del Ejército Secreto (OAS), una organización radicada en Francia que tuvo su experiencia en la Guerra de Argelia. Mediante ello, dividieron el país en áreas para poder llevar adelante un plan sistemático. Destacó que los ejes fundamentales consistían en “implantar el terror, crear un enemigo interno y extraer información mediante la tortura”. Haciendo eje en la responsabilidad de quienes llevaban adelante las torturas, mencionó que la aplicación de éstas tenía una doble dimensión ya que no sólo se extraía información sino que también tenía el objetivo de romper la resistencia de la víctima. Por otro lado, tenía la particularidad de hacer responsable al torturado de su propio sufrimiento por negarse a “colaborar”.

Durante el cierre de la contextualización histórica, afirmó que los hechos no pueden ser abordados en forma aislada. “No ocurrió sólo en Olavarría por particularidades de la ciudad, no fue algo excepcional. Ocurrió sistemáticamente en toda la Argentina. El que no puede ver que estos hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, no podrá observar la dimensión de las torturas infringidas y las desapariciones ocurridas en esta ciudad”, destacó. Por último, hizo mención a la “imparcialidad” de los juzgamientos militares, en donde no estaban todos los involucrados. Sin embargo, Romero afirmó que “ninguna ley amparaba la ejecución de esos actos” y que los hechos ocurridos fueron la consecuencia de un propósito mayor que respondía a la implementación de un plan económico, político y social específico. Finalmente, el fiscal expresó que “cuando las defensas intentan justificar la actividad de sus defendidos omiten señalar que ni siquiera en guerra están permitidos los asesinatos, las desapariciones, omiten señalar que fue un plan criminal”.

Un análisis detallado del horror

Romero analizó los 17 testimonios ofrecidos durante el transcurso del juicio como así también apeló a otras declaraciones de personas que habían sido detenidas y que al día de la fecha han fallecido. En este sentido, hizo un recorrido sobre cómo habían sido detenidos por primera vez, puntualizando en fechas y horarios, y también destacó situaciones específicas en donde los imputados se hacían presentes. En los testimonios que Romero utilizó para dar sustento material a su alegato, se manifestaban claramente los lugares en donde estuvieron detenidas las víctimas, como así también quiénes estaban en cada lugar. Se pudo precisar que tanto Oscar Fernández como Alfredo Maccarini no volvieron del centro clandestino “La Huerta” de Tandil. Las implicancias de los imputados, se veía reflejada en los testimonios de Osvaldo Fernández, cuando pudo reconocer la voz de Grosse, a quién denominó “El gran interrogador”; o cuando Stella Maris de Buché, trabajando en la radio, se sentía intimidada por la presencia de Grosse. De Aníbal Verdura, Romero tomó parte de testimonios en los cuales familiares de Sampini y Castelucci fueron a verlo para saber donde estaban, a lo que Verdura respondió: “Me los pidieron”.  El testimonio de Rubén Sampini, quien en ese entonces era soldado del ejército, fue muy claro cuando afirmó que “Grosse estaba a cargo de la guerrillera, la camioneta que se utilizaba para cazar subversivos”; o el mismo Ivaldo cuando expresó que a lo sucedido “lo sabía todo el cuartel, ¿cómo no iba a saberlo un oficial de alto rango?”.

Finalmente, Romero ingresó en el análisis de la calificación legal de los hechos, y expresó que “todo recae dentro del delito de crímenes contra la humanidad”, e hizo mención a la categoría de desaparecidos vinculándola directamente al homicidio porque “después de 37 años que están vivos es una ficción que no resiste análisis”. Se refirió a Verdura, quien estaba a cargo del regimiento en el área 124 y tenía como dependencias a Monte Pelloni, La Brigada de Investigaciones de Las Flores, “La Huerta” y las comisarías de la región,  aduciendo que “ese señor que era el dueño de los destinos de las personas en la ciudad, no hace ningún tipo de autocrítica”, ya que sólo niega ser autor de los hechos que le tocó ejecutar como responsable del terrorismo de estado en la ciudad. “Difícil no indignarse ante tamaña evidencia”, señaló Romero, y luego explicó que se le imputa el ejercicio de los poderes dentro de la jurisdicción.

Sobre Grosse, puntualizó que tenía un rol estratégico dentro de la cadena de mandos y que la supuesta hepatitis era “una táctica evasiva, ya que los hospitales militares negaron atenderlo y los testigos que citó no pudieron recordar la fecha en que la habría tenido”. De Leites, añadió que al asumir como interventor en Laprida mostró “un compromiso ineludible con el plan sistemático”, apoyándose en el testimonio de Ivaldo que lo conocía del cuartel ya que Leites era Teniente Primero. A su vez, retomó el testimonio de Sampini cuando éste narró el episodio en que le pusieron un revólver en la boca para firmar una autoincriminación y le dijeron “¿Sabes qué es esto? Con esto te vamos a reventar”. Allí pudo reconocer la voz del Teniente, ya que Sampini era conscripto en ese entonces.

A Omar Ferreyra, los testimonios lo incriminan seriamente. La mayoría coincide en que estaba presente en la guardia más severa durante el cautiverio. María del Carmen y Mario Jacinto Fernández lo vieron en el cementerio cuando recibieron el ataúd con el cuerpo de Oscar Fernández. A su vez, en su rol de Sargento, estaba al frente del grupo encargado de los secuestros y las torturas.

Para culminar, el fiscal Romero mencionó que Ignacio Verdura deberá responder por los delitos de homicidio agravado por alevosía de dos o más personas (Jorge Fernández  y Alfredo Maccarini), privación ilegítima de la libertad de 21 hechos, agravados por tratarse de un funcionario público cometidos con violencia y bajo amenazas, aplicación de tormentos por 21 hechos. Todo ello en carácter de autor. Grosse y Ferreyra deberán responder por los delitos de privación ilegitima de la libertad por 20 hechos, agravados por ser funcionarios públicos, con violencia y bajo amenazas, aplicación de tormentos por 15 hechos, homicidios calificados agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas (Jorge Fernández  y Alfredo Maccarini). Todos los hechos descriptos concursan materialmente y se les reprochan el carácter de coautores. Por su parte, Leites deberá responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad de 20 hechos, agravados por tratarse de un funcionario público y haberse cometido con violencias y amenazas, privación ilegal de la libertad en 13 hechos, aplicación de tormentos en 15 hechos, todos los hechos se formulan en carácter de coautor.

Ante lo expuesto, el fiscal Romero consideró que Verdura es el máximo responsable de los hechos que se están investigando. Grosse fue calificado en el alegato como “un ejecutor compenetrado en el rol y ferviente defensor de la peor dictadura que padeció el país”. Sobre Leites expresó que la gravedad que se le atribuye es en contexto de su actividad y recalcó que “es un caso exponente, un personaje que ha tenido una doble vida durante ese período totalmente cobarde y despiadado ante sus víctimas indefensas”. Ferreyra también fue calificado como “un ferviente ejecutor de su rol, con importante poder de decisión en la disposición de sus víctimas”, por ello, la fiscalía solicitó al tribunal que al momento de fijar sentencia condene a Ignacio Verdura, Jorge Walter Grosse, Omar Antonio Ferreyra a la pena de prisión perpetua, se ordene la revocación del arresto domiciliario de Aníbal Verdura y se ordene su alojamiento en una cárcel común y condene a Horacio Rubén Leites a la pena de 25 años de prisión. Luego de la lectura de la petición de pena al tribunal, el Fiscal Walter Romero expresó “es todo, que la fiscalía descanse”, ante un cálido aplauso de los presentes. El tribunal tomó la palabra y llamó a un cuarto intermedio hasta el lunes 15 de diciembre a las 11 horas, cuando la defensa haga uso del derecho de sus alegatos./ AC-FACSO