Especial Monte Pelloni

La querella solicitó prisión perpetua en cárcel común para tres de los cuatro imputados

Este miércoles se realizaron los alegatos de la querella integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además de la solicitud de prisión perpetua para los acusados Verdura, Grosse y Ferreyra en cárcel común, para el imputado Leites se requirió una pena máxima de 25 años de prisión

Tras una semana de cuarto intermedio, este miércoles se desarrolló una larga jornada de alegatos en el juicio de Monte Pelloni. La audiencia comenzó pasadas las 11 horas con la presencia de todas las partes, salvo el imputado Omar Ferreyra que por razones de salud está excusado de comparecer.

Para el día de la fecha estaba estipulado el comienzo de los alegatos por parte de las querellas: la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires encabezada por el Dr. Manuel Marañon y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos llevada adelante por el Dr. César Sivo, quien solicitó al Tribunal la unificación de ambas querellas para realizar un único alegato, aspecto que tuvo el visto bueno de los jueces.

Sivo comenzó el alegato hablando en representación de ambas querellas y en nombre de las víctimas directas e indirectas del accionar militar durante la última dictadura. Fue contundente al anunciar el pedido de prisión perpetua para el Coronel (R) Ignacio Verdura, el Capitán (R) Walter Grosse y el Sargento (R) Omar Ferreyra; mientras que para el Teniente (R) Horacio Rubén Leites requirió la pena máxima de 25 años de prisión. Se hizo especial hincapié en solicitar que los cuatro imputados cumplan su condena en cárcel común, ya que actualmente Verdura cuenta con el beneficio de prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.

Luego, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, destacó algunas frases extraídas de las declaraciones de las víctimas-testigos a lo largo de las jornadas de declaraciones. Citó el testimonio de Araceli Gutiérrez en relación al secuestro de su padre y hermana: “A mi padre le dieron a elegir entre mi hermana y yo, y yo estoy acá”; otra declaración que referenció fue la de Laura Ledesma quien habló sobre “la sensación constante de ausencia” y el hecho de que “nunca tuvimos una tumba para llorarlos”. Estas frases, entre otras, permiten comprender lo acontecido, según Sivo “no se puede pensar aisladamente sino que hay que hacerlo integralmente porque sería ‘tomar el pelo’ a la memoria”. Además, indicó que el vínculo existente entre todos los testimonios es el del dolor, aquel que atraviesa los años, se mantiene y está presente, como permanencia de la impunidad durante casi 40 años. 

Si bien el paso del tiempo hizo que las víctimas-testigos deban aprender a esperar la llegada de justicia, según Sivo, esto también favoreció a la investigación del proceso y permitió que haya más información, hechos probados y notorios que no necesitan acreditación, como por ejemplo el funcionamiento del plan sistemático impuesto por los militares o la existencia de Centros Clandestinos de Detención durante el gobierno de facto. Además estos casi 40 años posibilitaron la desclasificación de documentos de los servicios de inteligencia, del Vaticano y de la policía de la provincia de Buenos Aires, entre otros documentos, que estuvieron escondidos durante un largo período de tiempo y que permiten identificar a los imputados y su modo de actuar frente a lo que ellos consideraban como el “enemigo”.

Sivo referenció y dejó expuesta su postura sobre la distinción entre los delitos en contra de la humanidad y el delito de genocidio. Su alegato estuvo basado en la figura de delitos contra la humanidad, ya que el delito de genocidio, a su modo de ver, está contemplado para casos en los que se extermina a un grupo por su interés étnico, religioso o nacional y no por sus ideologías políticas, como en este caso. Para ello, citó varios casos de delitos de genocidio en el mundo, como por ejemplo lo sucedido con los nazis en Alemania durante la época de Hitler.

El alegato siguió con una contextualización histórica del proceso militar, en el que se explicaron las bases del mismo y cómo fue instruido por parte de los propios militares que se encargaron de elaborar un plan sistemático de exterminio hacia el “subversivo”. Este plan consistió en la elaboración de manuales contra elementos subversivos, libros de operaciones psicológicas e inteligencia que sirvieron para llevar adelante una política que nada tenía que ver con los ideales de pacificar la nación y salvar a la patria. El plan fue tal que incluso el reglamento de acción psicológica propuesto llevó a convencer a la propia población que lo que se estaba haciendo era necesario y así instalar el “algo habrán hecho”.

Los cuatro imputados. Foto Prensa Facso (archivo)

Alegó que todos aquellos militares que decidieron adherir al plan sistemático, fueron partícipes directos o indirectos de los secuestros, torturas y asesinatos. Incluso Sivo hizo referencia al tan específico diseño que tenía el plan, por lo que todos los militares estaban en pleno conocimiento de su accionar ya que en los manuales figuraba claramente cómo serían los procesos: cantidad de personas para el operativo, elementos a utilizar, disposición de los lugares, etc. “Esto lleva a que las excusas expuestas por los imputados queden totalmente desacreditadas” afirmó el querellante.

Los pasos de los procesos consistieron en una primera etapa de Inteligencia en la que se permitía visualizar al enemigo, la segunda comenzaba con el cautiverio una vez producido el secuestro en el que se interrogaba a las víctimas. De acuerdo a la información aportada estos podrían ser devueltos al cautiverio, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o enjuiciarlos en una farsa llamada “Consejo de Guerra” para condenarlos y llevarlos a prisión en cárceles. La última de las opciones era la disposición final que consistía en la muerte y posterior desaparición del cuerpo, tal como sucedió con Alfredo Maccarini, Rubén Villeres, Graciela Follini, Juan Carlos Ledesma y Amelia Gutiérrez.

Sivo se encargó de mostrar cómo los Consejos de Guerra a los que fueron sometidos varios de los olavarrienses eran una farsa, ya que los propios enjuiciados habían sido obligados a firmar declaraciones en su contra en la escuela del regimiento. Además, la inteligencia para dichos procesos se hacía desde Olavarría por el Capitán (R) Grosse, quien estaba a cargo de esta área del Ejército. Quedó claro que los abogados que defendían a las víctimas no hacían más que inculparlos por distintas situaciones que motivaron las risas de los presentes en la audiencia. Si de algo sirvieron estos procesos, según Sivo, fue para acreditar las privaciones ilegítimas de la libertad y la participación de los imputados, incluso en las patotas de secuestros.

Además habló sobre el rol de los medios de comunicación en la dictadura. En especial referenció páginas del diario "El Popular" en el que salían informes sobre las detenciones de “células terroristas” en Olavarría. No fue casual que Walter Grosse, encargado de inteligencia, haya sido interventor de "Radio Olavarría".

A continuación Sivo enunció y explicitó cada uno de los casos de todos los olavarrienses que fueron ilegalmente detenidos y llevados a distintos Lugares de Reunión de Detenidos, según los referenciaban los militares, como por ejemplo Monte Pelloni, La Huerta y la Brigada de Investigaciones de Las Flores.

El presidente del tribunal escuchó atentamente los alegatos presentados por las querellas. Foto. Prensa FACSO

Por último indicó puntualmente la situación de cada uno de los imputados y aclaró que en todos los casos eran conscientes de lo que hacían ya que habían adherido al plan sistemático y por ende estaban en conocimiento de las funciones que debían desempeñar en dicho plan.

Tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la APDH solitican como condena, en el caso de Ignacio Aníbal Verdura, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, asesorías legales y costas del proceso y revocación de la prisión domiciliaria por haber sido autor penalmente responsable de los homicidios calificados de Jorge Fernández, Alfredo Maccarini, Rubén Villeres, Graciela Follini de Villeres, Juan Carlos Ledesma y Amelia Gutiérrez. Además se le imputan las privaciones ilegitimas de la libertad y aplicación tormentos de 21 personas y el agravante por haber durado más de un mes.

Para Walter Grosse y Omar Ferreyra solicitaron una pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, asesorías legales y costas del proceso por los homicidios calificados de Alfredo Maccarini y Jorge Fernández y les imputan las privaciones ilegitimas de la libertad y aplicación tormentos de 21 personas y el agravante por haber durado más de un mes.

A Horacio Leites le correspondería a criterio de la querella, una pena máxima de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por las privaciones ilegitimas de la libertad y aplicación tormentos de 21 personas y el agravante por haber durado más de un mes.

En los cuatro casos se solicitó que cumplan su condena en una unidad penal federal, en cárcel común y con las dependencias pertinentes para el resguardo hacia la salud de los imputados. Resulta la máxima pena establecida por la legislación vigente y los organismos internacionales para este tipo de delitos en contra de la humanidad.

Expuesto esto el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9 horas donde será el turno de los alegatos por parte de la fiscalía encabezada por el Dr. Walter Romero. La jornada cerró con un cálido aplauso hacia la exposición del Dr. César Sivo que con claridad y contundencia representó a las víctimas-testigos del terrorismo de estado en Olavarría./AC-FACSO