Las familias de personas con discapacidad y el freno al veto presidencial

Ley de emergencia en discapacidad: entre el alivio y la incertidumbre

Si bien se celebró el freno al veto presidencial, todos coinciden en que lo importante es garantizar derechos. Hoy hay alivio, pero la preocupación sigue vigente.

Fernanda Alvarez -Agencia Comunica

4/9/2025

“Para nosotros no es un festejo. Por un lado nos da tranquilidad y por otro incertidumbre para saber qué medidas tomará el gobierno”, asegura Maite Salerno, al frente de la Asociación Civil Familiar TDAH Olavarría, después de que el Senado haya frenado el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Yo sueño con la inclusión verdadera, no la de amontonar gente en un lugar. Y además, que se cumplan las leyes que ya existen”, agrega Rosita Muia, fundadora de Talleres Protegidos Olavarría.
Ayer, el el Parlamento desestimó con amplia mayoría un veto del presidente Javier Milei y reafirmó la aprobación de Ley de Emergencia en Discapacidad, en un hecho político que marca un momento clave: hacía 22 años que los legisladores no insistían con una ley vetada por el Poder Ejecutivo. Además, se da en el marco de la difusión de escuhas al titular del Andis haciendo referencia a pedidos de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapcidad. El proyecto que se habia vetado propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, entre otros puntos.
¿Qué repercusiones tiene eso a nivel local? Para Maite Salerno, quien es mamá de un niño con neurodivergencia y desde ese lugar aprendió y defiende los derechos de las personas con discapacidad, “no hay nada que festejar”, aunque reconoce cierta tranquilidad ya que la norma seguirá vigente. Maite es también operadora en discapacidad y especializada en Neurodivergencia y desde ese lugar considera que “también repudiamos si hay pensiones o carnets de discapacidad mal otorgados, debe auditarse y sancionarse si se cobra de manera errónea, pero nunca hay que cortar a quien sí necesita y en el caso de la neurodivergencia las precisás sí o sí. Son muchos los tratamientos, medicaciones, todo ese recorrido de familias semana a semana es muy importante y sin el CUD y los derechos que este carnet nos otorga, es imposible que una familia pueda costear los tratamientos”.
“Me parece bárbaro que hayan frenado el veto”, opina Rosita Muia. Pero a la vez advierte que “Ioma hace 6 u 8 meses que no le paga a nadie. Acá todo es lento, supuestamente tiene que mejorar el sistema, pero todo implica un proceso largo. Dios quiera que esto se ponga en marcha y arranque de una vez, porque es impresionante los talleres y hasta hogares que han cerrado en la provincia de Buenos Aires. Es terrible que no se tenga en cuenta a las personas con discapacidad. Los tratan como si fueran de descarte”, se lamentó con notable tristeza.

Qué establece la norma

Esta ley representa un paso clave en un contexto de crisis. El sistema se presenta colapsado, hay prestaciones desfasadas y prestadores desfinanciados, lo que pone en situación de mayor vulnerabilidad a más de 6 millones de personas con discapacidad.
Los puntos principales de la norma, que se extiende hasta diciembre del 2026, son:
Regularización de pagos y actualización de aranceles: busca saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Retribuciones económicas: la norma establece una compensación económica de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Garantizar los talleres protegidos y centros de día: la ley propone asignar recursos específicos y compensaciones para garantizar el acceso y el funcionamiento continuo de los talleres.

Cumplimiento de cupo laboral en el sector público: la norma reafirma que el Estado debe cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Reforma del sistema de pensiones no contributivas: garantizar el financiamiento para las pensiones por discapacidad, evaluar las condiciones de acceso y de permanencia en el beneficio percibido.
Mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): realizar auditorías para identificar problemas en la gestión de prestaciones.
Actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD): solicita que ANDIS junto al Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos sobre las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales para la certificación de una persona con discapacidad.
Transparencia del Gobierno nacional: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.

Expectativas

“Esperemos que tengan la empatía de ponerse en el lugar del otro”, señaló Maite Salerno. “Bienvenidos sean los diagnósticos tempranos. Antes de decir cuántos CUD se otorgaron, hay que saber por qué se otorgan y no hablar por hablar”.
Si de algo está segura Rosita Muia es que los avances en discapacidad han sido producto de las luchas de madres y padres que se ponen el hombro el cuidado y la defensa de derechos para sus hijos e hijas.
“Lo que se ha hecho en discapacidad lo hemos hecho los padres. Cuando nació mi hijo, hace casi 60 años, no había nadie que atendiera a personas con discapacidad”. Hoy siente que lo que hiere “son las palabras de nuestro presidente, que son terribles. Somos personas dignas, sabemos respetar su investidura pero sueño con que la sociedad valore y respete la discapacidad. Es muy triste todo”, se lamentó.
“Nuestros reclamos no son nuevos”, coincide Maite Salerno. “También nos manifestamos en el 2022. Hace falta una regulación completa para que no haya más emergencia en discapacidad, que exista una regulación clara y específica. Y que las auditorías no impidan ni corten los derechos adquiridos”.