Previo a las elecciones legislativas
“Estamos ante un claro deterioro de la democracia”
Audios filtrados, sospechas de coimas y un fallo que no es más que una censura. La Dra. Patricia Perez, docente de Ética y Comunicación, analiza las denuncias de corrupción del gobierno nacional exponiendo el deterioro democrático.
La doctora Patricia Perez asegura "si la respuesta del gobierno es la censura, entonces muestra el posible ílicito"
Rocío Vergara - Agencia Comunica
4/9/2025
El gobierno nacional atraviesa uno de los mayores escándalos de sus primeros veinte meses de gestión. Los audios filtrados que implican a Karina Milei, a cargo de Secretaría General de la Presidencia y hermana del presidente, no solo encendieron las redes sociales sino que también destaparon un debate profundo: ¿el poder judicial puede frenar la difusión de información de interés público?
Nuevamente el gobierno nacional atraviesa una crisis política y por primera vez, no replica la información, sino que lo declara como una opereta política. Se trata de la viralización de unos audios donde Diego Spagnuolo (ex director de la Agencia de Discapacidad Nacional) hace mención de coimas respecto de la compra de medicamentos, teniendo como implicados a Karina Milei y “Lule” Menem.
En medio de acusaciones por espionaje ilegal, la ministra de seguridad «Patricia Bullrich», aseguró que las grabaciones que se filtraron fueron obtenidas de manera clandestina y que se debe de responder ante tal delito cometido.
A partir de esa denuncia, el juez Alejandro Maraniello trató la casa judicial y declaró una medida cautelar a favor de la Casa Rosada para impedir que los audios circulen en los medios de comunicación. Esto lleva a preguntarse: ¿la sociedad no tiene el derecho a acceder a la información que es de interés público?
Periodistas y especialistas en el área de derecho y comunicación advierten que la decisión judicial roza la censura previa, una práctica prohibida por la Constitución Nacional —acentuados en el artículo 14— y por los tratados internacionales a los que Argentina adhiere desde 1994.
“La Relatoría de la Libertad de expresión de la OEA (organización de los Estados Americanos) sostiene que la censura previa es controlar la información desde el Estado para evitar que alguna información sea difundida, impidiendo a la ciudadanía ejercer la libertad de expresión e información”, explica la Dra. Patricia Perez, docente de la cátedra “Ética y derecho a la comunicación” de la Facultad de Ciencias Sociales.
La docente señala que lo ocurrido, sin embargo, no es un hecho aislado sino un síntoma del deterioro democrático mucho más amplio. “En este caso, estamos hablando de una censura judicial previa, emitida por un juez cuya probidad estaría cuestionada”. El juez Marianello tiene ocho denuncias en su contra, cinco de ellas son por acoso sexual.
Declaraciones del vocero presidencial frente a lo sucedido. Imagen: X (ex Twitter)
En este contexto, se pone en juego una cuestión que parece no ser el foco de importancia para la sociedad: “las personas con discapacidad están siendo violentadas a partir de recortes presupuestarios inhumanos” mientras que “los funcionarios/as de alto rango operan sobre las llamadas coimas para favorecerse a sí mismos” acentúa Praticia Perez.
Se presenta una paradoja muy evidente: mientras el oficialismo se autodefine como “libertario” y defensores de la “libertad”, la medida judicial pedida por la Ministra de Seguridad para proteger a los funcionarios no es más que una restricción de las libertades básicas “estamos ante un claro deterioro de la democracia, o para decirlo en otras palabras: esto no es democrático”, afirma Perez.
Lo llamativo es que en ningún momento el gobierno nacional salió a desmentir las coimas mencionadas en los audios de Spagnuolo. La estrategia discursiva giró hacia un plano íntimo y emocional, donde el presidente de la Nación dijo en vivo ayer, en su cierre de campaña, que “se metieron con mi hermana”. La defensa, así, no apunta a despejar las sospechas de corrupción sino a blindar a la familia presidencial y a los allegados.
Esto se termina tratando, en términos comunicacionales, de una jugada muy riesgosa: una narrativa llena de victimización que puede contener a los fieles pero deja intacta —e incluso amplifica— la sospecha social sobre el manejo de poder y dineros de las más altas esferas del gobierno.
La crisis no solo expone la fragilidad del oficialismo frente al desgaste económico y político, sino que pone en jaque la credibilidad del sistema institucional. “Si la respuesta a lo sucedido es tapar con la censura previa mediante una demanda, esta medida, entonces, muestra el posible ilícito” cierra Patricia Perez.
Cuando las respuestas al descontento social y a la sospecha de corrupción es la censura, el riesgo ya no es un escándalo pasajero: es la erosión de las bases de la democracia argentina. No se trata solo de los audios filtrados ni de la medida cautelar que busca sepultar lo sucedido, sino de que cuando un gobierno se autoproclama como libertario y responde con censura, victimización y silencio frente a la corrupción termina siendo una contradicción.