La emergencia, el veto presidencial y el impacto local
“Nadie queda exento, todos conocemos a una persona con discapacidad”
La medida tomada el sábado 2 de agosto y su publicación en el boletín oficial el pasado lunes produjo un repudio contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. En Olavarría, la decisión nacional se ve reflejada en una carencia en las coberturas médicas, las prestaciones de servicios y el acompañamiento a las personas con discapacidad.
Maite Salerno, presidenta de la Agrupación Familias TDAH Olavarría, conoce de cerca lo que significa vivir con una discapacidad y enfrentar al sistema que muchas veces da la espalda. Desde su experiencia como madre y como activista, advierte que el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad no debe de ser un debate político más: implica que miles de familias no podrán cargar con el peso económico de las terapias, los traslados y los tratamientos médicos.
La ley 24.901 fue sancionada en 1997 con el objetivo de que haya un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando la prevención, asistencia, promoción y protección.
En el congreso, diputados y senadores sancionaron un proyecto llamado “Emergencia en Discapacidad”, donde se trabajó sobre el aumento en pensiones por invalidez y ajustes a las jubilaciones. El lunes pasado se oficializó en el boletín oficial el veto de la ley.
La realidad alternativa
El pasado lunes se oficializó el veto, por parte de la presidencia, en el boletín oficial. Mientras al campo se le bajan las retenciones, lo cual también puede afectar al “déficit cero” que propone Javier Milei, la crueldad parece abundar e incrementa día a día en contra del pueblo.
Olavarría también fue parte de la protesta. El documento leído en la marcha pasada afirma que “los profesionales de la salud no podemos permitir que solo puedan atenderse quienes puedan pagar. Las obras sociales demoran entre 30 y 60 días en autorizar una prestación”.
No se habla de privilegios, no se trata de un gasto que pueda desequilibrar el déficit, se trata de un derecho. “Si se restringe el CUD (certificado único por discapacidad), esto no es solamente una lucha de los pacientes, sino de los profesionales que nos atienden. La discapacidad viene en emergencia hace muchísimos años, es un tema que gestión a gestión se va aplazando” explica Maite Salerno, fundadora de la “Agrupación familias TDAH Olavarría”.
Este año se vuelve a presentar con urgencia el tratamiento de la discapacidad, pero no como una consigna vacía, sino como una demostración de una problemática que parece ser invisibilizada “a los pacientes nos afecta directamente el recorte de derechos”.
La realidad de las personas con diversidades funcionales es compleja, muchas de las familias no pueden afrontar los costos de manera privada porque “para darte un ejemplo, en el caso de la neurodivergencia, los chicos hacen terapia todos los días, tenes cuatro, cinco terapias semanal y si vos sumás el valor de cada una de las sesiones, que están arriba de 30.000 pesos, es muy costoso” acotó Maite.
Punto de quiebre
Ese cálculo que para los funcionarios públicos no significa más que un número, una cifra en una planilla, para una familia representa la diferencia entre avanzar o retroceder en un tratamiento.
El veto a la ley por Emergencia en Discapacidad no solo significa el freno a mejoras de un derecho ya concebido, con una lucha llena de reclamos, también consolida un modelo de acceso a la salud que no se reduzca al poder adquisitivo de un par de grupos sociales. En Olavarría, como en el resto del país, un modelo de ese tipo excluye a un montón de personas que dependen de las prestaciones de servicios para sostener una calidad de vida igualitaria.
Para Salerno el debate que se presenta en la mesa no debería de reducirse a partidos o ideologías porque “ni siquiera tiene que tener una bandera política, ni es un partido de River vs Boca y acá no es que si el veto se aprueba mañana, vamos a salir a festejar. No, no festejamos, son nuestros derechos los que se están cumpliendo”.
En su relato, la palabra “empatía” es la que toma mayor fuerza. La fundadora de la Asociación Civil menciona que nadie está exento “es que no tiene que pasar para que te interpele, para que acompañes. No tenés que tener una persona cercana al lado para decir, «bueno, ahora que me toca, acompaño»".
Las palabras se quedan cortas, las emociones y los sentimientos parecen cada vez más lejano de los humanos. Maite agrega que “no se está debatiendo un color político ni nada por el estilo. Estamos debatiendo los derechos de las personas con discapacidad”.
La asociación que comenzó con dos madres que se encontraron en el municipio e hicieron una reunión abierta, hoy reúne a más doscientas familias de la región. Salerno concluye que “es un derecho, un derecho a la salud. Nadie queda exento, porque cuando uno mira para el costado, todos conocemos a una persona con discapacidad”.
Movilización en contra del veto. Fuente: perfil.