23/9/2026
La Justicia Federal intimó formalmente al Gobierno a implementar y cumplir en su totalidad la medida cautelar vigente en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”. O sea, multas. La pregunta obligada es ¿a quien se le aplica la multa? ¿Al propio Estado?
En la Argentina de Milei, parece que el presidente -solo él- puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no.
La de financiamiento universitario fue sancionada hace 398 días, el 21 de agosto de 2025. Es la Ley 27.795 la que vuelve a quedar en el centro de la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades. La intimación fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar determinados puntos de la norma todavía no fue cumplida de manera total.
La intimación alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y con la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La aplicación de la norma quedó atravesada por una disputa política, presupuestaria y judicial. pero sobre todo, ideológica: el gobierno nacional no quiere financiar la educación superior.
En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar vinculada con el cumplimiento de la ley. La decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones y, en junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, dejando firme la cautelar.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que los acuerdos alcanzados con representantes del sistema universitario durante este año permitían considerar cumplidos sustancialmente los compromisos previstos en la norma. Entre esos acuerdos se incluyeron incrementos de partidas para salarios y gastos de funcionamiento, además de una actualización de las becas. Sin embargo, la Justicia consideró que esos avances no acreditaban el cumplimiento total de la medida cautelar.
La ley está vigente. Ahora hay un nuevo capítulo en una historia que el gobierno nacional dilata, mientras referentes sindicales, estudiantiles, docentes y no docentes preparan la 5ta Marcha Federal Universitaria. Las anteriores fueron multitudinarias. Y aunque muchas veces gane el hartazgo y el cansancio, siempre hay momentos para renovar fuerzas, profundizar el reclamo y volver a poner en las calles la defensa de la universidad pública.
