Monte Pelloni II
“Sería oportuno que los alegatos y las sentencias se dicten en Olavarría”
La abogada Mariana Catanzaro, apoderada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Olavarría, analiza la importancia de visibilizar estos juicios como acceso a la verdad y la justicia. También admite que la agrupación está desmembrada y plantea cuáles son los desafíos hoy.
En agosto de 2017 comenzó la segunda parte de la causa Monte Pelloni II en la cual se juzgan los delitos de lesa humanidad que se perpetuaron en el centro de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Los crímenes que conforman el juicio dan cuenta del aparato sistemático de secuestro, desaparición y tortura desarrollado por el gobierno dictatorial. El juicio aún continúa y las audiencias se llevan a cabo en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Mariana Catanzaro, quien tiene un Doctorado en Derechos Humanos en España, decidió participar por la APDH de Olavarría; la cual actualmente se encuentra desmembrada. “Más allá de que no nos estemos reuniendo, es muy importante hacer un acto de presencia y para mí es un honor formar parte del juicio” aclaró Catanzaro. Desde su experiencia, la abogada analiza el rol de la asamblea en los juicios de lesa humanidad.
¿Cómo es la participación de la APDH en el juicio Monte Pelloni II?
Cuando empezó la segunda parte del juicio yo quería tener una participación activa. Porque se realizan juicios de lesa humanidad en todo el país, pero a veces la APDH no tiene un abogado que la represente. Esto es así porque sólo hay militantes aislados de la asamblea. En el caso de Olavarría la APDH se desmembró, no estamos reuniéndonos los que formamos parte. Algunos integrantes ya no participan o están trabajando en otras causas, vinculadas por ejemplo a violencia de género. Al margen de eso, yo sigo vinculada con la APDH de Buenos Aires y para mí es un honor estar presente en Monte Pelloni II. La entidad tiene un responsable legal y esa persona generó un poder al abogado Guillermo Torremare y a mí para que podamos presentarnos en la causa en nombre de la asamblea como querellantes.
¿Comparten los mismos criterios con los demás integrantes de la querella?
El criterio de la APDH lo seguimos estrictamente, pero en líneas generales coincidimos también con la Comisión por la Memoria porque tenemos los mismos ideales. Con la Fiscalía tenemos puntos en común y a veces incluso también con la Secretaría de Derechos Humanos, pero no siempre coincidimos. La Secretaría, por ejemplo, entiende que cuando los imputados tienen una determinada edad pueden tener prisión domiciliaria. Desde la APDH tenemos una visión más tajante sobre eso. De hecho hay muchísima gente privada de la libertad que está cumpliendo condena a pesar de tener una situación médica complicada. Creemos que los represores tienen que seguir cumpliendo condena en los mismos lugares que cualquier otra persona. Pero está bueno que esté la representación diferenciada. Nosotros tenemos nuestros propios objetivos, que pueden o no coincidir con los de la Fiscalía y con los de la Secretaría de Derechos Humanos.
¿Qué sucedió con los reclamos que realizaron para que la segunda parte del juicio se haga en Olavarría?
Hay una cuestión importante en el principio del derecho procesal penal que es la difusión. Es importante que se den a conocer todos esos hechos y causas para tener acceso a la historia. Pero además hay otro principio que tiene mucho peso en estos casos y es el de economía procesal. Economía no solo de dinero sino también de tiempo, se busca que haya mayor celeridad y que no se realicen acciones dilatorias para la justicia. Es por eso que se decidió realizar el juicio en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Nosotros podemos aceptar que, por una cuestión de economía de tiempo y de no provocar acciones costosas para el Estado, se sustancie el juicio en otro lugar. Pero sería oportuno que se dicte en Olavarría para reivindicar a las víctimas. Tiene que ver con el acceso a la verdad, ya que hay historias que solamente se conocen en el juicio. Se trata de poder expresar lo que sucedió para que la sociedad lo sepa y se pueda cerrar la herida. Es necesario que los hechos que ocurrieron se conozcan y se difundan. Si la sentencia se da a conocer, justamente es para eso. Ahora, junto con la Comisión por la Memoria, estamos tratando que al menos los alegatos y la sentencia se lean y dicten en Olavarría.
¿Qué significa para la APDH formar parte de los juicios de lesa humanidad?
Para la APDH es un esfuerzo grande ir, movilizarse hasta allá. Pero es un acto de presencia que en estos tiempos hay que hacer, hay que involucrarse. Es especial porque esta entidad nació con las primeras desapariciones de personas, previas a la dictadura. Con posterioridad, nos planteamos si seguir trabajando solamente con los delitos de lesa humanidad o si debíamos involucrarnos con la violación de derechos económicos, políticos y sociales. Puesto que todos son derechos humanos, corresponde la defensa de cada uno de ellos. Pero no podemos afrontar todo, el trabajo es complejo y no tenemos los recursos suficientes. Lo importante de las condenas por crímenes de lesa humanidad es que se trata de delitos imprescriptibles, porque son de ejecución continuada. Además, que estos delitos tengan condena es crucial porque fueron llevados a cabo por agentes del Estado. El Estado no puede elegir no revisar eso. Lo que ocurre con estos crímenes es que eran parte de un plan sistemático, no había absolutamente nada librado al azar. Esto habla también de la premeditación de los hechos, lo que los hace particularmente grave. El último responsable por la violación de derechos humanos siempre es el Estado, por omisión o por acción. Esto es así porque el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. La Justicia no puede tratar todos los delitos de la misma manera y la única forma de reivindicar los derechos humanos es a través del cumplimiento de condenas ejemplares. No hay forma de reparar estos crímenes, pero con esto al menos se puede palear la situación./ AC-FACSO
* Foto: diario "El Popular"