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Lesa humanidad

El acompañamiento a víctimas y testigos en Monte Pelloni II

Distintos programas de acompañamiento trabajan en el segundo tramo de la causa Monte Pelloni. A diferencia de la primera parte se sumó la participación del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos.

 

Por Lisi Batres

Los organismos de Derechos Humanos en Argentina tomaron relevancia tras la desaparición de Jorge Julio López ocurrida el 18 de septiembre de 2006 en La Plata, luego de haber declarado como víctima-testigo en la causa contra Miguel Etchecolatz, ex Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense. “A partir de ese suceso se pudo tomar conciencia de la necesidad de acompañar a las víctimas, teniendo en cuenta que los delitos que se implican y los victimarios están vinculados con el terrorismo de Estado” explicó Sandra Aguayo, trabajadora social e integrante del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH). En ese contexto, en 2007 la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación puso en marcha el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Testigos y Querellantes. A ello se sumó, en 2009, la creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa".

El objetivo del Centro Ulloa es priorizar la salud física y mental de las víctimas por sobre el valor probatorio de su relato. Se trata de un programa donde la perspectiva de derechos de los testigos es primordial. En lo que respecta a su labor, el Centro Ulloa destinó equipos de trabajo, por ejemplo, en los juicios por el asesinato del abogado laborista Carlos Moreno (2012) como en Monte Pelloni I (2014). Actualmente parte de sus integrantes trabajan en la segunda parte de la causa pero en un contexto distinto a partir del cambio en la perspectiva en Derechos Humanos desde la asunción del actual gobierno nacional. Desde agosto de 2016 los trabajadores reclaman por el gran número de despidos llevados adelante y por las condiciones laborales en las que se desempeñan. Estas situaciones nos les permiten cumplir con sus tareas adecuadamente y presentan consecuencias en las personas que necesitan el acompañamiento del Centro.

En Monte Pelloni II también trabaja el Centro de Protección de Derechos de las Víctimas (CPV). Este organismo pertenece al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pero ya no cuenta con la misma fluidez que en causas anteriores. Por ello se gestionaron convenios con profesionales de Mar del Plata, Olavarría y Tandil. A partir de ello, el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) trabaja en el acompañamiento a víctimas y testigos desde Olavarría. Se trata de una Organización No Gubernamental que se encuentra presente en todo el país y cuyo trabajo es reconocido por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y por las Naciones Unidas. El Comité cuenta con un modelo estratégico que ofrece asistencia legal, médico-psicológica y socio-familiar con el objetivo de restituir los derechos vulnerados de víctimas, testigos y querellantes de delitos de lesa humanidad.

En Olavarría son tres los profesionales que actualmente forman parte de este programa. Una de ellas es Sandra Aguayo,quien trabajó durante la primera parte del juicio Monte Pelloni dentro del programa de acompañamiento del Centro Ulloa, mientras que en Monte Pelloni II realiza su trabajo desde el CODESEDH. “Cuando ingresé hubo primero una instancia de capacitación y después un trabajo en territorio bajo la supervisión constante de las personas que son responsables de este programa”, detalló Aguayo.

En relación a la metodología de trabajo que lleva adelante el CODESEDH, Aguayo explicó que llevan a cabo un abordaje interdisciplinario de forma conjunta por abogados, médicos, antropólogos, trabajadores sociales y psicólogos. “Se trata de un servicio integral donde se aborda cada uno de los casos a partir de todas las disciplinas. Se analiza y se diseña una estrategia a seguir en función de la causa”, explicó. Desde el Comité destacan, además, que las víctimas del terrorismo de Estado constituyen un grupo muy heterogéneo de personas, lo que requiere de una gran diversidad de herramientas que permitan adecuar el programa a la situación particular de cada testigo para fortalecer su participación en el proceso judicial. “El trabajo que llevamos a cabo está vinculado de manera directa con lo que le pasa a cada persona y del soporte que necesita para sobrellevar su situación antes, durante y después del juicio”, finalizó Aguayo./ AC-FACSO